El
Escorial, 28-30 de junio de 2013
DECLARACIÓN
FINAL
Los representantes de
las 70 Cáritas Diocesanas de la Confederación Cáritas Española, reunidos en la
70ª Asamblea General celebrada en El Escorial del 28 al 30 de junio de 2013, manifestamos públicamente nuestra profunda
preocupación y rechazo ante las dramáticas situaciones que estamos viviendo en
la sociedad española y que afectan a millones de personas.
Cáritas está
acompañando a diario situaciones desesperadas y desesperanzadoras, cada una de
las cuales tienen detrás vida, rostro y nombre concretos: miles de caras y
miles de vidas de quienes son víctimas
de un modelo injusto que, bajo el argumento de la racionalización del gasto y
la sostenibilidad económica, es incapaz de anteponer el bien común al beneficio
individual.
Creemos que la pobreza
es evitable siempre, también en tiempos de crisis. Este es el objetivo de nuestro
trabajo en cada uno de los ámbitos territoriales de Cáritas, donde, en el seno
mismo de la Iglesia y de las comunidades cristianas, trabajamos cada día por la
justicia.
Como recuerda el Papa
Francisco, “la deuda social exige la realización de la justicia social.
Juntas, nos interpelan a todos los actores sociales, en particular al Estado, a
la dirigencia política, al capital financiero, los empresarios, agropecuarios o
industriales, sindicatos, las Iglesias y demás organizaciones sociales”.
Denunciamos, por ello, la adopción de decisiones
políticas, legislativas y económicas que están generando ya, ahora mismo, el
sufrimiento de las personas afectadas, tal como pone de manifiesto la realidad
cotidiana de nuestra acción y los informes que hemos elaborado y presentado
públicamente. Esta falta de horizontes y
perspectivas podría tener unas consecuencias muy negativas para el futuro
de la sociedad española, incluso a corto plazo.
Las personas empobrecidas no son responsables de
una crisis económica que las castiga con tanta intensidad. No queremos resignarnos
a un modelo de vida caracterizado por la precariedad y un retroceso en el
reconocimiento y disfrute de los derechos humanos. Tampoco aceptamos un proceso de fractura social legitimado
por una desigualdad creciente.
En el último año hemos
asistido a un importante número de
reformas legislativas que, lejos de avanzar en la solución a la crisis, han
supuesto una pérdida de derechos sociales inherentes a la dignidad de la
persona. Algunos ejemplos de ese retroceso afectan a la vivienda,
sosteniéndola como un bien de inversión antes que como un derecho; a la salud,
transformándola en una mera contraprestación y excluyendo a los migrantes en
situación irregular; al acceso a la justicia, imponiendo tasas judiciales; o al
trabajo, con medidas que no estimulan la contratación y sí, en cambio,
perjudican el empleo, como muestran los datos de la última Encuesta de
Población Activa.
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Las reformas legislativas pendientes de
aprobación agravan aún más este panorama. Un ejemplo claro es la anunciada reforma
de la Administración local, que, bajo los criterios de racionalización y sostenibilidad,
supondrá alejar de las personas servicios tan esenciales como la salud, la educación
o los servicios sociales. De producirse, estaríamos asistiendo a una involución
social y a la adopción de modelos de intervención basados en la emergencia y en
el asistencialismo, que ya hemos conocido en otras épocas y que fracasaron.
Otros ejemplos
similares son las reformas relacionadas con el sistema de justicia, en
especial, las que afectan al Código Penal y al Código Procesal Penal, que, de
mantener su redacción actual, daría lugar a situaciones injustas, como, por
ejemplo, la sanción a quienes acojan a personas inmigradas en situación
irregular, y la de la justicia gratuita, que supondría dejar fuera del sistema de
protección a una parte importante de la población.
Junto a ello, la prioridad económica que se marca en los
Presupuestos Generales del Estado para 2013 añade un motivo más de
preocupación, al consagrar la reducción del gasto para garantizar, supuestamente,
el principio de estabilidad, pero sin que se aborden con igual intensidad la aplicación
de unas adecuadas políticas fiscales redistributivas, la lucha contra la
evasión fiscal o la tasa para las transacciones financieras.
De igual forma,
mostramos nuestra honda preocupación ante el drástico recorte de la Ayuda Oficinal
al Desarrollo (AOD) en España, que pone en peligro el sistema de cooperación internacional
y nos aleja del objetivo de lograr un cambio cualitativo global y de mejorar la
atención a las personas y sus derechos, ya vivan en nuestro país o en regiones
empobrecidas.
Este conjunto de decisiones tienen un importante
impacto en la garantía de los derechos, las políticas sociales y la lucha
contra la pobreza y la exclusión. Y lo que debería entenderse como una inversión
social y el estímulo de una política de prevención por parte del Estado,
garante de derechos, se reduce drásticamente y pone en riesgo la cohesión social al permitir que el escándalo que
supone la brecha cada día mayor entre las capas más ricas y las más pobres de
nuestra sociedad siga creciendo.
“Nos
acostumbramos a levantarnos cada día –ha dicho Francisco-- como
si no pudiera ser de otra manera, nos acostumbramos a la violencia como algo
infaltable en las noticias, nos acostumbramos al paisaje natural de la pobreza
y de la miseria caminando por las calles de nuestra ciudad”.
Nosotros, desde la
unidad y la realidad compartida cada día en Cáritas con los últimos y no atendidos
que llaman a nuestras puertas, queremos decir que no nos acostumbramos a la violencia
de la pobreza, de la desigualdad y de la injusticia. Es más, llamamos a la responsabilidad personal y
comunitaria para asumir un papel cada vez más activo y participativo en los
procesos de transformación social, desde un estilo de vida basado en la
austeridad y la sencillez evangélicas, como inspiración de una sociedad más
acogedora, fraterna y accesible.
Desde esta convicción,
los participantes en esta 70ª Asamblea de Cáritas trasladamos a todos un mensaje de esperanza y una propuesta renovada de
compromiso, de trabajo y de consenso social para construir un modelo generador
de oportunidades y garante del pleno acceso a los derechos de los más
vulnerables, que sitúe a las personas empobrecidas en el centro de la toma de decisiones
y que asuma como principios éticos de gobierno la dignidad de la persona y la búsqueda
del bien común por encima del beneficio económico y el provecho de unos pocos.
El Escorial, 30 de junio de 2013
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